CHORE (enviado especial) Una docente jubilada de Choré se convirtió en la octava víctima fatal vinculada a la llamada “mafia de los pagarés”. Agobiada por embargos compulsivos que reducían su pensión a apenas G. 500.000 mensuales, decidió quitarse la vida. Pese a haber trabajado casi 40 años y haber sufrido un ACV, no encontraba alivio: no podía pagar ni la luz, no accedía a todos sus medicamentos en el IPS y dependía de la ayuda de sus hijas, una de ellas empleada doméstica.
“Me sacrifiqué toda mi vida, no tengo para meter un pan en mi boca. No me queda ni para pagar la luz, ¿para qué quiero seguir viviendo?”, solía repetir, según relató su colega Norma Medina. La mujer dejó una carta dirigida a sus hijas, en la que expresaba su desesperación. “Mi mamá se suicidó porque ya no aguantaba más”, dijo una de ellas.
Este caso no es aislado. Otras tres docentes jubiladas han manifestado intenciones de seguir el mismo camino. “La impotencia que sentimos es enorme. Nos están robando lo que nos corresponde por ley. Hay compañeras con hasta 22 embargos y nadie sabe de dónde salen, no hay expedientes”, denunció Medina. “Estamos desprotegidos, sin derecho a defensa. ¿Por qué no suspenden los embargos hasta que se aclare cada caso?”, cuestionó.
Hambre, enfermedad y desesperación
Diana Vargas, directora de la Comisión del Senado que investiga la mafia de los pagarés, advirtió sobre el impacto devastador de este esquema: “El daño es total. Causa dolor, desintegración familiar, hambre”. La comisión ha recibido testimonios de personas con enfermedades catastróficas, cáncer o secuelas de ACV, que llegan desde distintos puntos del país en busca de ayuda.
Uno de los relatos más crudos es el de una directora de colegio en Asunción, quien hoy busca comida en la basura cerca de supermercados. Su hija la acusa de no querer pagar sus estudios, sin saber que su salario se reduce a apenas G. 300 mensuales por embargos de supuestos créditos que ella asegura nunca haber solicitado.
Una ley estancada y privilegios en contraste
El Senado ya aprobó un proyecto de ley que permitiría suspender los embargos cuando no se localicen los expedientes, mientras se reconstituye el archivo. Sin embargo, la Corte Suprema presentó una versión alternativa que limita su alcance, y el proyecto quedó estancado en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, las víctimas siguen sin poder defenderse, porque no existen documentos que justifiquen las deudas.
En contraste con el sufrimiento de las víctimas, algunos imputados en el caso intentan retomar su vida con normalidad. Tal es el caso de la abogada Diana Molinas, procesada por operar con el Juzgado de La Encarnación en perjuicio de múltiples personas, quien solicitó permiso judicial para viajar a las playas de San Andrés, Colombia. El juez Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido por no considerarlo urgente.
